La incorporación alimenta las expectativas sobre un posible avance en las negociaciones para que la Nación transfiera las obras a la Provincia. Los desarrollos suman 636 viviendas inconclusas y requieren una inversión superior a los $116.000 millones para su finalización.

La contratación de 32 agentes de seguridad privada para custodiar los predios donde se construyen los barrios Procrear en Santa Rosa, Toay y General Pico abrió una nueva señal sobre el futuro de las obras paralizadas desde la llegada del gobierno de Javier Milei. Aunque no existe una confirmación oficial, la medida alimenta las especulaciones sobre un posible avance en las negociaciones para que el Estado provincial reciba los desarrollos habitacionales y pueda concluirlos.

La novedad fue confirmada por la Unión Personal de Seguridad Privada (Upsap) de La Pampa, que celebró la incorporación de 32 trabajadores a la empresa Prosegur para desempeñarse en los tres predios donde se encuentran las obras inconclusas.

Según informó el gremio, los operarios cumplirán funciones en los complejos habitacionales de Santa Rosa, Toay y General Pico. Además, señalaron que la incorporación del personal es resultado de las gestiones realizadas a través de la Bolsa de Trabajo de la organización sindical y de negociaciones colectivas orientadas a fortalecer el empleo registrado en la provincia.

Desde Upsap indicaron también que los trabajadores se encuentran realizando los estudios médicos previos al inicio de sus tareas.

La decisión de reforzar la seguridad en los predios ocurre en un contexto en el que continúan las gestiones entre la Provincia y el Gobierno nacional para destrabar el destino de las 636 viviendas que quedaron paralizadas tras la suspensión de la obra pública nacional.

Los últimos datos oficiales difundidos por el Banco Hipotecario y revelados por la Jefatura de Gabinete de la Nación indicaron que los contratos correspondientes a los desarrollos pampeanos se encuentran en proceso de rescisión y que, en la documentación oficial, las obras figuran como "rescindidas".

El informe detalla que los complejos comprenden 198 viviendas en General Pico, 168 en Santa Rosa y 270 en Toay, con distintos grados de avance. Los trabajos más adelantados alcanzan el 31% de ejecución, mientras que algunos sectores de infraestructura apenas superan el 3%.

La Nación también informó que la deuda por certificados impagos asciende a 86,3 millones de pesos y estimó que serán necesarios más de 116.232 millones de pesos para finalizar la totalidad de las viviendas y las obras de infraestructura asociadas, tomando como referencia el valor de la Unidad de Vivienda (UVI) al 31 de marzo de este año.

A fines de 2025, el Gobierno nacional había avanzado con la tasación de los predios y de las mejoras ejecutadas, un paso considerado clave dentro del proceso administrativo previo a una eventual transferencia de las obras.