La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó una modificación transitoria al régimen de fraccionamiento de inmuebles rurales que permitirá resolver situaciones de condominios que, durante años, dejaron a pequeños y medianos propietarios sin la posibilidad de dividir legalmente sus tierras.
El diputado provincial Hipólito “Poli” Altolaguirre, autor de una de las iniciativas que dieron origen a la nueva ley, impulsó su sanción y destacó el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas. De esta manera se logró resolver un problema de más de 40 años.
“La política tiene sentido cuando resuelve problemas reales. Hoy estamos dando una respuesta concreta a cientos de familias pampeanas, reconociéndoles plenamente el derecho sobre su propiedad para que puedan seguir invirtiendo, produciendo y trabajando en nuestra tierra”, afirmó Altolaguirre durante la sesión.
La Ley Provincial Nº 468, sancionada en 1973, establece las superficies consideradas unidades económicas agrarias y condiciona la subdivisión de los predios rurales. Sus parámetros fueron fijados en una realidad productiva muy diferente de la actual. El propio proyecto presentado en 2024 por el legislador oriundo de Santa Rosa advertía que, desde entonces, el sector incorporó nuevas tecnologías, genética, métodos intensivos y una creciente profesionalización de la actividad.
Con el paso de las generaciones, numerosas propiedades quedaron en manos de varios herederos bajo la figura del condominio. En muchos casos, aunque cada integrante utilizara o administrara una parte determinada, la legislación impedía subdividir formalmente el inmueble cuando las parcelas resultantes quedaban por debajo de las dimensiones previstas por la normativa.
Esa situación generó dificultades concretas para disponer individualmente del patrimonio y terminó incluso alentando la venta de tierras. El reclamo por una actualización lleva años y fue recogido por proyectos de diferentes bloques desde, al menos, 2007.
“El paso de las generaciones provocó que muchos campos quedaran entrampados en condominios indivisos que no reflejan la realidad del trabajo sobre la tierra. Esta traba terminaba afectando a pequeños y medianos propietarios que necesitaban contar con seguridad jurídica sobre lo que les pertenece”, explicó el diputado.
La norma aprobada establece, durante cinco años, una excepción al régimen general de la Ley 468. De esta manera, determinados inmuebles rurales que se encuentren en condominio podrán subdividirse por debajo de la unidad económica tradicional.
La posibilidad no implica un fraccionamiento sin condiciones. De acuerdo con el dictamen defendido por Altolaguirre, las nuevas parcelas no podrán tener una superficie inferior al 10 % de las magnitudes base previstas por la legislación provincial. Además, será necesaria la conformidad de todos los copropietarios, deberán confeccionarse los correspondientes planos de mensura y cada fracción tendrá que contar con acceso a caminos públicos o mediante una servidumbre de paso.
“Estamos creando una herramienta excepcional, con límites y por un período determinado, para solucionar situaciones que llevan décadas sin respuesta”, sostuvo.
La ley también dispone la creación del Observatorio de la Unidad Económica Agraria, concebido como un ámbito técnico para analizar los resultados de la medida y trabajar sobre una futura actualización integral de las superficies contempladas en la normativa provincial.
Altolaguirre ya había señalado durante el debate en comisiones que la excepción debía funcionar como una respuesta inmediata, pero no reemplazar la discusión de fondo sobre una legislación que tiene más de medio siglo.
“Esta herramienta nos permite solucionar problemas que existen hoy, pero también nos obliga a avanzar hacia una revisión integral de la Ley 468. El campo cambió profundamente y necesitamos una normativa acorde con la realidad productiva de La Pampa”, señaló.
El diputado radical también valoró el proceso que permitió alcanzar el acuerdo entre los bloques FREJUPA, PRO-MID y UCR, después del análisis de las diferentes propuestas y de la participación de entidades y profesionales vinculados con el sector durante el tratamiento legislativo.
Finalmente, remarcó que la aprobación apunta principalmente a brindar una respuesta jurídica a familias que, por las restricciones vigentes, no podían individualizar inmuebles rurales surgidos en condominios indivisos.
“Estamos devolviendo a esos pequeños propietarios la posibilidad de ejercer de manera efectiva y formal sus derechos sobre la tierra. Es una solución concreta para que puedan decidir, invertir y continuar produciendo con mayor seguridad jurídica”, concluyó.
