Los Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de modificar el régimen de distribución de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Los Nihuiles y sostuvo que La Pampa debe defender, por todas las vías institucionales y judiciales disponibles, los derechos que históricamente ha sostenido sobre el río Atuel y los recursos vinculados a su aprovechamiento.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nacional 982/2026, que dejó sin efecto el esquema vigente desde 1973 y estableció que Mendoza perciba la totalidad de las regalías correspondientes al complejo hidroeléctrico. Hasta ahora, esos recursos se distribuían entre ambas provincias.
Desde el bloque integrado por Andrea Valderrama Calvo, Hipólito “Poli” Altolaguirre, Romina Mota, Javier Torroba, Gisela Cuadrado, Julián “Pancho” Aguilar y Sergio Pregno, señalaron que la decisión no representa solamente una discusión jurídica o administrativa, sino que tiene consecuencias económicas concretas para La Pampa, al eliminar ingresos que durante más de cinco décadas formaron parte de los recursos provinciales.
“Estamos hablando de fondos que pertenecían a La Pampa dentro de un esquema vigente desde hace más de cincuenta años. No es una discusión abstracta: son recursos que dejan de ingresar a nuestra provincia y que forman parte de la capacidad del Estado para sostener políticas, obras y servicios para los pampeanos”, expresaron.
Los legisladores remarcaron que la controversia por Los Nihuiles no puede analizarse de manera aislada de la histórica disputa por el río Atuel. Para La Pampa, la defensa del recurso hídrico constituye una causa que atraviesa generaciones y que ha dado lugar a reclamos políticos, institucionales y judiciales sostenidos en el tiempo.
“El Atuel no es solamente una cuestión económica. Es parte de nuestra historia, de nuestro territorio y de una lucha que La Pampa mantiene desde hace décadas. Defender las regalías también significa sostener una posición histórica de nuestra provincia frente al aprovechamiento de un río interjurisdiccional que tiene consecuencias directas sobre nuestro territorio”, afirmaron.
Desde 1973, el régimen nacional establecía una distribución entre Mendoza y La Pampa de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles. Ese esquema se mantuvo durante décadas y forma parte de una extensa controversia entre ambas jurisdicciones.
El bloque sostuvo que, frente al nuevo escenario, La Pampa debe utilizar todas las herramientas legales disponibles para cuestionar la medida y resguardar sus intereses.
“Cuando están en juego derechos y recursos de los pampeanos no puede haber especulaciones partidarias. Hay que defender a La Pampa con firmeza, con argumentos y dentro de las instituciones. Si corresponde recurrir nuevamente a la Justicia, debemos hacerlo”, señalaron.
Asimismo, remarcaron que la defensa de los recursos hídricos provinciales ha formado parte históricamente de la identidad política e institucional pampeana y que el conflicto por el Atuel excede a cualquier gobierno en particular.
“Los gobiernos pasan, pero los intereses de La Pampa permanecen. En la defensa del Atuel hubo generaciones de pampeanos que reclamaron por nuestros derechos y esa posición tiene que continuar, independientemente de quién gobierne la Nación, Mendoza o nuestra provincia”, sostuvieron.
Del mismo modo, indicaron que la decisión nacional también vuelve a poner en discusión la necesidad de garantizar criterios federales en la administración de recursos que involucran a más de una jurisdicción.
“No podemos aceptar que una decisión administrativa desconozca de un día para otro una situación que lleva décadas y que afecta directamente a nuestra provincia. El federalismo también significa respetar a las provincias, sus recursos y los derechos que han defendido a lo largo del tiempo”, expresaron.
Finalmente, ratificaron su posición de acompañar todas las acciones institucionales destinadas a preservar los intereses pampeanos.
“El río Atuel también es parte de La Pampa y su defensa no admite indiferencia. Frente a cualquier decisión que perjudique a nuestra provincia, tenemos la obligación de actuar unidos, con responsabilidad y firmeza. Defender nuestros recursos es defender el presente y el futuro de los pampeanos”, concluyeron.
