La Justicia Penal tendría como objetivo reconstruir qué ocurrió dentro de la empresa, que finalmente desembocó en una grave situación económica, financiera y en la presentación de la firma en concurso preventivo de acreedores.

La crítica situación del Frigorífico Pico tuvo derivaciones en las últimas horas que exceden lo que se discute en el expediente del concurso de acreedores. Allanaron la sede que la firma tiene en Trenel, a raíz de una denuncia por presunta administración fraudulenta y balance falso.

El Diario pudo confirmar que, en el marco de la disputa societaria que tiene en vilo a la firma, el destino del frigorífico que se dirimía en el Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras de Pico se desdobló ahora en la Justicia Penal a partir de una denuncia que quedó en manos del fiscal genera, Armando Agüero, quien instruye casos de estafas y defraudaciones.

A partir de la presentación que hizo una de las partes que componen la sociedad, la Fiscalía de General de Pico habría avanzado en los últimos días con la toma de declaraciones testimoniales y, en la mañana de este miércoles, con la realización de un allanamiento que permitió obtener documentación para incorporar a la causa.

A pesar del cerrado hermetismo de las diversas fuentes consultadas por este medio, se pudo reconstruir que las declaraciones testimoniales recabadas apuntan a confirmar supuestas irregularidades, falsedades e inconsistencias respecto de la administración de la compañía y de la información que se habría suministrado durante la gestión investigada.

Con las pruebas que se buscan y los testimonios recabados, la Justicia Penal tendría como objetivo reconstruir qué ocurrió dentro de la empresa durante un período de tiempo determinado, que finalmente desembocó en una grave situación económica y financiera y en la presentación de Frigorífico General Pico en concurso preventivo de acreedores.

El avance de la investigación desembocó este miércoles en un allanamiento en el frigorífico ubicado en Trenel, donde el fiscal Agüero habría ordenado en secuestro de documentación y recabado información que, a partir de ahora, deberá contrastar con los demás elementos reunidos en el expediente.

La documentación obtenida podría permitir verificar algunas de las situaciones denunciadas y determinar si existieron inconsistencias entre la realidad económica y operativa de la compañía y la información reflejada en su documentación societaria y contable.

Si bien desde la Justicia se excusaron de brindar información por el momento, fuentes vinculadas a la empresa afirmaron que la pesquisa penal busca establecer con precisión qué ocurrió durante el período de administración cuestionado, cuál fue el verdadero estado económico y patrimonial de la compañía y cómo se llegó a una situación que terminó comprometiendo seriamente la continuidad de una de las firmas más importantes de la zona.

ElDiario