Nación recaudó 1.5 billones de pesos y soló repartió la cuarta parte a las provincias. De ese 25%, el criterio para otorgar los fondos fue muy diverso y hubo provincias, como La Pampa, que no recibieron un peso.   

En su habitual análisis político en el canal La Nación+, el periodista Carlos Pagni advirtió sobre las crecientes complicaciones legales y políticas que enfrenta el Gobierno nacional a partir del uso discrecional de fondos fiduciarios destinados por ley a la infraestructura vial, un esquema que terminó derivando en una denuncia penal contra el ministro de Economía y funcionarios de la Administración Pública tras la confirmación que hizo a El Diario el vocero presidencial, Adrián Ravier. El periodista planteó que los fondos entregados no tienen correlación entre la infraestructura vial que tienen algunas provincias y los millones que recibieron. Además, sostuvo que las fechas de envío de esos fondos coinciden con las votaciones de proyectos de ley que el gobierno de Milei necesitaba aprobar.

Pagni detalló que el origen de la controversia responde a un informe periodístico firmado por Hugo Alconada Mon, en el que se revela que el Poder Ejecutivo recaudó 1,5 billones de pesos a través del impuesto a los combustibles con destino específico al fondo Sisvial (Sistema Vial). Sin embargo, de ese total, la gestión central ejecutó apenas 500.000 millones de pesos en obras y remitió el billón restante a plazos fijos y títulos públicos para financiar la caja del Tesoro.

En su programa "Odisea Argentina", el periodista resaltó que la confirmación oficial del desvío de los recursos provino del propio vocero presidencial y dirigente pampeano, Adrián Ravier, en declaraciones ofrecidas a El Diario de La Pampa:

"El vocero del Gobierno, Adrián Ravier, dijo a El Diario de La Pampa: 'Sí, es verdad, parte del fondo Sisvial se destina a sostener el superávit fiscal, que es una preocupación principal del gobierno y un problema heredado'. No tuvo en cuenta que hay un problema legal en esto, es decir, que puede ser penalizada esta conducta", señaló.

En esa línea, el analista remarcó que, si bien la estrategia económica de resguardar la solvencia macroeconómica puede ser valorada por el mercado, vulnera el marco normativo vigente que prohíbe aplicar el impuesto a los combustibles a fines distintos de la construcción o reparación de rutas.

"La receta económica podría ser correcta, pero se encuentra con una dificultad: esto es ilegal. La voracidad del Gobierno por tomar fondos para sostener un superávit fiscal —que es cada vez más difícil de sostener por el deterioro general de la economía que impacta sobre la recaudación— abre una discusión penal importante", valoró Pagni.

Distribución sospechosa entre provincias

A raíz de esta situación, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz formalizó una denuncia penal por los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad contra las autoridades del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación.

Sumado a la arista judicial, Pagni puso el foco en la arbitrariedad del reparto del 25% de los fondos que sí fueron efectivamente ejecutados, remarcando distorsiones notables entre distritos: Misiones recibió el 15,85% de los recursos transferidos y Jujuy concentró el 14,35%, superando el monto asignado a toda la provincia de Buenos Aires, que obtuvo un 14,34%. 

"¿Por qué Salta recibe 0,94% y Jujuy 14,35% si son vecinas? Misterio. Pareciera que hay una especie de correlación temporal con que estos desembolsos se hacen curiosamente, sospechosamente, antes de que haya que votar leyes importantes para el Gobierno en el Congreso", completó Pagni. Y agregó el detalle de tres provincias que no recibieron fondos: La Pampa, Catamarca y Chubut.