En diálogo con Radio 5, Claudia Calderón, referente de UTELPa, destacó la masiva respuesta a la medida de fuerza nacional convocada por CTERA. Además, rechazó las advertencias del Gobierno nacional sobre los controles en los establecimientos y defendió el derecho constitucional a huelga.

La provincia de La Pampa registró una jornada con un nivel de acatamiento casi total al paro nacional docente impulsado por CTERA y sus gremios de base. Según los datos relevados por el sindicato en escuelas públicas de toda la provincia, la medida alcanzó un acatamiento sumamente elevado en cada localidad.

Respecto al alcance del reclamo en el sistema educativo pampeano, la referente gremial Claudia Calderón brindó detalles sobre el porcentaje de acatamiento relevado por las distintas seccionales: “Ha sido altísimo el acatamiento, los números que llegan son superiores al 95%, en algunos lugares es del 100%. Las seccionales han ido relevando lo que pasaba en cada escuela, en cada pueblo, y sí: en algunos el 98%, en otros el 100%, pero supera ampliamente el 90-95%.”

Al ser consultada sobre la cobertura de la medida, aclaró la distinción entre el ámbito público y el privado: “Es escuela pública; en el caso de los privados pertenecen a SADOP. Este es un paro nacional que fue votado por CTERA y por los gremios de base de cada una de las provincias. El acatamiento es altísimo en nuestra provincia y seguramente ha sido así en el resto del país.”

Ante la postura del Ejecutivo nacional respecto a garantizar la presencialidad mediante el control en las escuelas y la declaración de la educación como servicio esencial, la dirigente contrapuso el recorte de fondos y la quita de la Paritaria Nacional: “Si quieren el cumplimiento de la esencialidad, que empiecen por pagarnos el FONID, que es un incentivo que se logró con la Carpa Blanca y que este Gobierno nacional vino a quitarnos —son más de 300.000 pesos por docente en cada provincia—, y que cerraron la paritaria nacional.”

En cuanto al marco legal de la medida y los intentos de supervisión en las instituciones, remarcó la falta de competencia del Gobierno nacional en la jurisdicción provincial y el estado judicial del reclamo: “El tema de la esencialidad está frenado porque la justicia federal, en dos juzgados, lo consideró anticonstitucional, por lo que tampoco pueden estar haciendo uso de ese supuesto control. Además, los sistemas provinciales no tienen competencia ni poder de policía para que ellos vayan a las escuelas a ver qué está pasando.”

Por último, Calderón envió un mensaje de tranquilidad al colectivo docente frente a eventuales presiones y remarcó la legitimidad del reclamo: “Nosotros como gremio lo que hicimos fue asesorar a los directores y directoras que nos han llamado y llevar tranquilidad a los docentes: el paro está enmarcado dentro de nuestro derecho a huelga, que es un derecho constitucional.”

“Seguramente va a haber presiones, amedrentamiento y persecución judicial y económica a nuestra confederación. Entendemos que la idea era bajarle el precio a la medida de fuerza y tratar de desmovilizar a los docentes, pero no lo lograron porque nuestra provincia respondió con un acatamiento casi total.”