Las declaraciones de la diputada Noelia Sosa solo pueden atribuirse a dos posibles razones: un profundo desconocimiento del procedimiento administrativo, técnico y ambiental que se encuentra en curso, o la decisión de prestarse a intereses políticos que claramente la exceden y de los cuales termina siendo apenas un vehículo para intentar embarrar un proceso transparente, participativo y ajustado a derecho.  

Resulta llamativo que quien durante años tuvo responsabilidades vinculadas al control y seguimiento de la actividad hidrocarburífera pretenda ahora desconocer mecanismos, procedimientos y competencias que conoce perfectamente. Más aún cuando la Audiencia Pública fue precisamente convocada para garantizar la participación ciudadana, la exposición de observaciones y el análisis técnico de toda la documentación presentada, antes de que la autoridad competente adopte una decisión definitiva.

Las objeciones que la diputada presenta como revelaciones —pendientes en el cronograma ejecutivo, costos integrales en revisión, garantía de ejecución en evaluación— son exactamente los ítems que las propias Autoridades de Aplicación tienen abiertos y bajo análisis riguroso.

No son irregularidades descubiertas por la legisladora: son los puntos que el Estado provincial no cerró porque no los validó técnicamente. Eso no es una falla del control; es la prueba de que el control está funcionando. La Provincia no aprueba lo que no verifica, y no firmará un IFA que no cumpla cada uno de los estándares exigidos por la normativa vigente.

Intentar instalar que existen irregularidades consumadas cuando el expediente se encuentra en plena evaluación no solo constituye una afirmación apresurada, sino que busca generar sospechas infundadas sobre organismos y funcionarios que están actuando dentro del marco legal vigente.

Pedir que se investiguen responsabilidades de funcionarios de control, antes de que concluya el proceso y sin que exista resolución administrativa alguna que habilite ese planteo, revela más una estrategia de hostigamiento político que una preocupación técnica genuina.

La transparencia de este proceso está dada justamente por la existencia de instancias institucionales como la Audiencia Pública, donde todas las observaciones son recibidas, incorporadas al expediente y analizadas técnicamente. Pretender convertir un ámbito de participación y análisis en una tribuna para acusaciones políticas revela más una estrategia de confrontación que una verdadera preocupación ambiental.

Detrás de estas declaraciones se advierte un intento reiterado de desacreditar la gestión del Gobierno Provincial y de sembrar dudas sobre un proceso que se desarrolla con controles, participación ciudadana y apego a la normativa vigente. La diputada Sosa tiene todo el derecho de formular observaciones, pero no de presentar como hechos consumados lo que son apenas opiniones o interpretaciones discutibles dentro de un procedimiento que aún no ha concluido.

La importancia del yacimiento El Medanito merece un debate serio, responsable y basado en evidencia técnica, no operaciones políticas destinadas a generar incertidumbre.
Vale recordar que la denuncia que la legisladora presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por el proceso licitatorio de El Medanito fue archivada. Que ningún integrante de su bloque —ni de ningún otro— la acompañó en su intento de judicializar la licitación. Y que el silencio de sus pares ante estas nuevas declaraciones pareciera confirmar que se trata de una posición personal que no encuentra eco ni sustento institucional.

El Gabinete Provincial rechaza categóricamente estas denuncias infundadas que solo persiguen desplegar un manto de sospechas sin sustento alguno sobre procedimientos, organismos y funcionarios que actúan dentro del marco legal y administrativo vigente.

Este tipo de manifestaciones no contribuye al debate democrático ni al análisis responsable de los temas de interés público, sino que buscan generar confusión y desconfianza en la ciudadanía.

El Gobierno Provincial seguirá actuando en ese marco, con la misma rigurosidad que caracterizó todo el proceso, y con el único objetivo de garantizar que la remediación se ejecute, se documente y se verifique, en defensa del ambiente y de los intereses de la Provincia.

El presente documento es suscripto por la totalidad de las ministras, ministros, secretarias y secretarios de Estado, Fiscalía de Estado y Asesoría Letrada de Gobierno, quienes expresan de manera unánime su respaldo a los organismos intervinientes, a los procedimientos administrativos y técnicos en curso, y al compromiso del Gobierno Provincial con la transparencia, la legalidad, la participación ciudadana y la defensa de los intereses de la Provincia.