El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) hizo lugar al planteo de la defensa y dispuso la inmediata libertad de Claudio Arhex, uno de los imputados en la investigación por el hurto de 250.000 dólares ocurrido a fines de junio en la vivienda del empresario Prada, en General Pico.

La resolución fue confirmada a Radio 5 100.5 por el abogado defensor Martín Herrero Galvagno, quien había apelado la decisión del juez Alejandro Gilardenghi de mantener a Arhex bajo arresto domiciliario.

Con este nuevo fallo, dos de los cuatro imputados permanecen con prisión domiciliaria: Gonzalo Torres y Mauricio Bajo. Otro de los acusados nunca estuvo detenido.

El argumento de la defensa

Herrero Galvagno explicó que uno de los puntos centrales de la apelación fue que Arhex no registra antecedentes penales, a diferencia de Torres y Bajo. Por ese motivo, la defensa consideró que no correspondía mantener vigente la medida restrictiva.

Arhex había comenzado con prisión domiciliaria tras la audiencia de formalización del 27 de julio. Posteriormente, el TIP había dispuesto que cumpliera prisión preventiva en una unidad penitenciaria, aunque el 11 de septiembre volvió a obtener el beneficio de la domiciliaria.

Ahora, el Tribunal resolvió nuevamente a favor de la defensa y ordenó su libertad.

La investigación continúa

El abogado anticipó que presentará nuevas pruebas en los próximos días. Entre ellas, mencionó la posibilidad de realizar un examen antropométrico para comparar las características físicas de Arhex con las personas que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad.

También se refirió a los resultados de ADN encontrados en un vehículo utilizado por Arhex, señalando que era esperable que apareciera material genético suyo debido al uso habitual del automóvil junto a Torres.

La defensa además sostiene que existen aspectos de la investigación que aún generan dudas y cuestiona que se haya acreditado de manera suficiente la existencia y el monto del dinero denunciado como sustraído.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación. Una vez producida la prueba pendiente, la Fiscalía podría avanzar hacia la elevación a juicio. La defensa ya adelantó que, en ese escenario, solicitará el sobreseimiento de sus representados.

La causa investiga el hurto de USD 250.000 y continúa con intervención de la Justicia.