El aberrante hecho ocurrió en la intersección de calles 16 y 17. El imputado, de 23 años, fue detenido por la policía tras una persecución pedestre. La Justicia dictó dos meses de prisión preventiva e inhabilitación para conducir.

Un gravísimo siniestro vial ocurrido en plena zona urbana de General Pico sacudió a la comunidad local, no solo por la violencia del impacto y las severas lesiones sufridas por un niño de 11 años, sino por la extrema desidia del conductor involucrado: un joven de 23 años que embistió un automóvil, dejó a su propio hijastro tendido en el asfalto con una fractura de fémur y escapó a pie cargando la motocicleta para evitar que se la secuestren.

El hecho: colisión y fuga a pie

El episodio se registró pasadas las 15:35 horas en la esquina de las calles 16 y 17. De acuerdo con los detalles brindados por fuentes judiciales, una motocicleta conducida por un joven de 23 años —quien llevaba como acompañante a su hijastro de 11 años— circulaba por calle 17 en dirección de este a oeste. Al llegar a la intersección con la calle 16, el motociclista omitió ceder el paso al vehículo que circulaba por su derecha —una Volkswagen Suram al mando de una mujer mayor de edad—, produciéndose la colisión contra el vértice delantero derecho del rodado menor.

Como producto del violento impacto, ambos ocupantes de la moto cayeron pesadamente contra el pavimento. Sin embargo, mientras el niño quedó tendido en el suelo sufriendo un fuerte estado de shock y lesiones de consideración, el conductor se repuso rápidamente, levantó el vehículo y decidió darse a la fuga de manera pedestre llevándose la moto averiada.

"El menor no podría movilizarse por sí solo producto de las lesiones que había sufrido. Quedó solo en el lugar del hecho, en estado de shock, mientras el adulto que lo acompañaba intentaba huir con el rodado"

Captura y estado de salud de la víctima

Gracias al rápido aviso y accionar del personal policial, los efectivos lograron dar con el sujeto en la vía pública a pocas cuadras del lugar, cuando continuaba su fuga a pie empujando la motocicleta. El individuo fue inmediatamente demorado y puesto a disposición de la Justicia.

En tanto, el niño de 11 años fue asistido en el lugar por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y trasladado de urgencia al hospital Gobernador Centeno. En el centro de salud se constataron diversos hematomas y traumatismos de menor gravedad, además de una lesión de suma gravedad: fractura de fémur, lo que motivó su internación bajo riguroso tratamiento médico y la evaluación constante de su cuadro clínico ante la complejidad del traumatismo.

Claves del caso judicializado:

• Imputado: Joven de 23 años de edad.

• Víctima: Menor de 11 años (hijastro del conductor), con fractura de fémur.

• Motivación de la fuga: El abogado defensor confirmó en la audiencia de formalización que el conductor huyó para ocultar la moto, ya que carecía de documentación y el rodado tenía prohibición de circular.

• Calificación legal y agravantes: Se aplica el artículo 94 del Código Penal con sus agravantes específicas vinculadas a la fuga del lugar del hecho tras la colisión.

Audiencia de formalización y prisión preventiva

Durante la audiencia de formalización llevada a cabo el sábado por la tarde, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas de coerción severas contra el imputado. Si bien el acusado optó por no declarar, su propia defensa reconoció públicamente que la huida estuvo motivada por el intento de eludir el secuestro del vehículo por falta de papeles y prohibición de circular.

Ante la gravedad del episodio y los riesgos procesales evaluados —principalmente el peligro de fuga—, el juez interviniente hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó dos meses de prisión preventiva para el acusado. Asimismo, se decretó la inhabilitación provisoria para conducir vehículos automotores mientras avanza la etapa penal preparatoria.

Desde el ámbito judicial recordaron que el delito investigado, al contemplar el resultado lesivo grave y la posterior fuga, prevé penas privativas de la libertad que parten de un mínimo de dos años de cumplimiento efectivo, marcando un claro precedente ante conductas que anteponen la preservación de bienes materiales por sobre la vida y la integridad física de un menor.