El Fiscal Francisco Cuenca brindó detalles sobre un inusual y perturbador hecho ocurrido en la ciudad. El imputado, de 32 años, fue sancionado tras reconocer haber intentado grabar a su vecina a través del ventiluz del baño utilizando un dispositivo montado en un palo de más de dos metros.

Un caso que generó impacto en la opinión pública local llegó a su resolución judicial. Tras la denuncia de una mujer que descubrió a un vecino (de apellido Morales de 32 años) intentando filmarla en su intimidad, la justicia actuó rápidamente mediante medidas de allanamiento y un proceso contravencional que culminó en una condena económica y restricciones específicas.

A continuación, los puntos clave de la entrevista con el Fiscal Francisco Cuenca:

—¿Cómo se inició la causa y en qué momento se descubrió el hecho?

—La denuncia fue realizada el pasado 7 de mayo. La damnificada puso en conocimiento que, mientras se bañaba en su departamento, observó que desde el ventiluz del baño intentaban filmarla con un celular atado a un palo largo. Ella gritó, lo que provocó que el sujeto se retirara inmediatamente. Gracias a un importante trabajo policial, pudimos identificar que el agresor era un vecino y al día siguiente realizamos un allanamiento donde secuestramos el palo y el celular de similares características a las descriptas.

—¿Qué ocurrió una vez identificado el autor?

—El imputado fue identificado como Leandro Javier Andrés Morales, de 32 años. Fue citado a declarar bajo el artículo 73 del Código Procesal y, al verse frente a las pruebas, reconoció la situación. Pocos días después, se resolvió el caso a través de un juicio abreviado.

—¿Por qué se resolvió por la vía contravencional y no penal?

—Como este tipo de situaciones no están legisladas con precisión en el código penal como un delito específico, trabajamos desde la esfera contravencional. Se tipifica como una perturbación o molestia. Por ello, no tenemos la facultad de imponer penas de prisión, sino que aplicamos sanciones de tipo pecuniario y medidas de protección.

—¿Cuáles fueron concretamente las sanciones impuestas?

—Se aplicó una multa de 15 días, que equivale a unos 362.000 pesos. Además, se dictó el decomiso y la destrucción de todos los elementos secuestrados: tanto el palo como el celular. No se restaura ni se entrega a nadie, se destruye. Asimismo, se impuso una amonestación y una prohibición total de contacto con la damnificada, ya sea personal, telefónica o por redes sociales.

—¿La restricción de contacto implica que el hombre deba mudarse del edificio?

—No, la ley no prevé en este caso una orden de desalojo. La prohibición es estricta respecto a cualquier tipo de acercamiento o comunicación, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la víctima y evitar que la situación se repita.

—¿Qué mensaje deja este tipo de resolución para la sociedad?

—Es fundamental que ante este tipo de hechos la víctima denuncie inmediatamente. La rapidez con la que trabajamos en el allanamiento fue clave para obtener las pruebas y lograr que el responsable reconociera el hecho rápidamente, cerrando así un episodio que causó una gran alarma en el entorno de la damnificada.